La Guerra del Pacífico (1879-1883)
Combate de Angamos. Óleo de Thomas Somerscales.
El incidente que desató la llamada guerra del Pacífico (mejor
llamada guerra del Guano y del Salitre) fue un diferendo entre Chile y Bolivia
por un problema de impuestos. El Perú se vio obligado a ayudar a Bolivia, pues
había firmado con esta nación el Tratado de Alianza Defensiva de 1873.
El 5 de abril de 1879, Chile declaró la guerra al Perú. Poco
antes, Bolivia había declarado la guerra a Chile. Si bien la causa inmediata
para que el Perú se viera arrastrado en este conflicto fue el Tratado con
Bolivia de 1873, la historiografía peruana es unánime al sostener que la causa
profunda de esta guerra fue la ambición de Chile de apoderarse de los
territorios salitreros y guaneros del sur del Perú.
En una primera etapa de la guerra, la campaña naval, la
marina peruana repelió el ataque chileno hasta el 8 de octubre de 1879, día en
el que se libró el combate naval de Angamos, en donde la armada chilena
acorraló al monitor Huáscar, el principal buque de la marina peruana comandado
por el almirante Miguel Grau Seminario, quien murió en la refriega y se
convirtió desde entonces en el mayor héroe del Perú.
La Batalla de Arica, Óleo del pintor peruano Juan Lepiani.
Luego de vencer a la escuadra peruana, Chile dio inicio a la campaña terrestre de la guerra, que se prolongaría por casi cuatro años. Comenzó con el desembarco de Pisagua. Luego se libró la campaña de Tarapacá, marcada por la derrota peruana en San Francisco.
Tras una estéril victoria en Tarapacá,
los restos del ejército peruano retrocedieron hacia Arica, dejando en poder de
Chile toda la provincia de Tarapacá.
La siguiente campaña, la de Tacna y Arica, significó otra
derrota para los peruanos y sus aliados bolivianos, concretada en la batalla
del Alto de la Alianza. Luego se produjo la heroica resistencia peruana en la
plaza de Arica, donde el coronel Francisco Bolognesi, al mando de un reducido
ejército, sucumbió ante el ataque abrumador del enemigo, cumpliendo su promesa
de «pelear hasta quemar el último cartucho» (7 de junio de 1880).
La defensa de los peruanos en uno de los reductos de Miraflores.
Óleo del pintor peruano Juan Lepiani.
Fracasadas unas conferencias de paz, Chile abrió la campaña
de Lima. El nuevo gobierno peruano, encabezado por el dictador Nicolás de
Piérola (que había asumido el poder tras el viaje de Prado hacia el
extranjero), organizó la defensa de la capital, construyendo reductos en el sur
de Lima.
Los defensores peruanos, mayormente milicianos, se batieron tenazmente en San Juan y Miraflores, el 13 y el 15 de enero de 1881, respectivamente. Victoriosos los chilenos, ocuparon Lima. En La Magdalena se instaló el gobierno provisorio de Francisco García Calderón quien, por su negativa a pactar una paz con cesión territorial, fue apresado y confinado en Chile. A García Calderón le sucedió el contralmirante Lizardo Montero Flores, que instaló su gobierno en Arequipa.
Retrato del mariscal Andrés Avelino Cáceres, dos veces
presidente del Perú (1886-1890 y 1894-1895).
Pese a los descalabros de los ejércitos peruanos, la guerra
continuó gracias a la resistencia que en la sierra peruana comandó el general
Andrés Avelino Cáceres, quien obtuvo los triunfos de Pucará, Marcavalle y
Concepción (departamento de Junín, en la sierra central), entre el 9 y el 10 de
julio de 1882.
Sin embargo, el general Miguel Iglesias, impactado por las severas represiones que los chilenos ejercían sobre las poblaciones civiles, dio el Grito de Montán (31 de agosto de 1882), reclamando la firma de una paz definitiva con Chile, para iniciar de una vez la tarea de la Reconstrucción del país.
Cáceres se opuso a este planteamiento y trasladó sus fuerzas hacia el
norte, pero tras su derrota en la batalla de Huamachuco (10 de julio de 1883),
Iglesias, ya en el poder, tuvo el camino libre para firmar con Chile el Tratado
de Ancón que puso fin a la guerra (20 de octubre de 1883).
Mediante este Tratado, el Perú entregaba a Chile a
perpetuidad la provincia de Tarapacá, mientras que las provincias de Tacna y
Arica quedaban sujetas a la administración chilena por diez años, al cabo de
los cuales se debía realizar un plebiscito para decidir el destino final de
ambos territorios.
La guerra con Chile fue la mayor catástrofe bélica que sufrió
el Perú en su historia republicana. Significó la pérdida de más de diez mil
vidas así como la total destrucción de las fuerzas productivas del país y
suscitó un sentimiento de humillación que marcaría durante mucho tiempo al
espíritu de la nación.
La Reconstrucción Nacional y el segundo militarismo
(1883-1895)
Tras la guerra del Pacífico, se inició el período de la
Reconstrucción Nacional, es decir, de resurgimiento económico, político y
social. Aunque fue este un período de relativa calma, en realidad el país no
conoció la reactivación económica ni la paz política sino hasta 1895. Esta
etapa es también conocida como la del Segundo Militarismo, pues los caudillos
militares volvieron al ruedo político, aunque esta vez no como vencedores, sino
como vencidos.
El gobierno de Iglesias, firmante de la paz con Chile, era
enormemente impopular. Quien gozaba de renombre era el general Cáceres, el
héroe de la resistencia. El país quedó dividido en dos bandos: los
"azules", que seguían a Iglesias, y los "rojos", a Cáceres.
Estalló la guerra civil de 1884-1885. Cáceres logró
«huaripampear» o poner fuera de juego al ejército principal de Iglesias en la
sierra central, en una brillante estrategia militar, luego de lo cual atacó
Lima, donde puso sitio al Palacio de Gobierno, en noviembre de 1885. Iglesias
se vio obligado a renunciar a la presidencia y el poder quedó provisoriamente
en manos del Consejo de Ministros presidido por Antonio Arenas.
Este convocó a elecciones en las que ganó abrumadoramente
Cáceres.
El primer gobierno de Andrés A. Cáceres (1886-1890) afrontó
la reconstrucción del país, especialmente en el campo económico. Puso fuera de
curso el devaluado billete fiscal o papel moneda; creó impuestos nuevos;
intentó la descentralización tributaria; y para solucionar el problema de la
enorme deuda externa firmó el Contrato Grace por el cual entregó los
ferrocarriles a los acreedores.
Piérola y sus montoneros entran a Lima por la Puerta de
Cocharcas (17 de marzo de 1895).
A Cáceres le sucedió uno de sus partidarios, el coronel
Remigio Morales Bermúdez (1890-1894). Este llevó a cabo un discreto gobierno y
debió enfrentar la negativa de Chile a convocar el plebiscito de Tacna y Arica.
Víctima de una enfermedad, Morales Bermúdez murió el 1 de abril de 1894, antes
de concluir su mandato. Lo sucedió el segundo vicepresidente Justiniano
Borgoño, quien allanó el camino para la vuelta al poder del general Cáceres y
convocó a unas elecciones que fueron muy cuestionadas. Cáceres triunfó en
dichos comicios y por segunda vez asumió la presidencia en 1894. Sin embargo su
gobierno carecía de legitimidad.
El anticacerismo formó la Coalición Nacional, integrada por
los demócratas y civilistas, que eligieron como líder a Nicolás de Piérola
(jefe de los demócratas), entonces desterrado en Chile.
En todo el Perú surgieron partidas de montoneros que se
sumaron a la causa de la Coalición. Piérola retornó al Perú, y en Chincha dio
un Manifiesto a la Nación, tomando el título de Delegado Nacional. De inmediato
se puso en campaña sobre Lima, al frente de los montoneros. Estos atacaron la
capital del 17 a 19 de marzo de 1895, desatando una lucha muy sangrienta. Al
verse desprovisto del apoyo del pueblo, Cáceres renunció y partió al exilio. La
guerra civil costó unas 4,000 vidas.
Se instaló una Junta de Gobierno presidida por Manuel
Candamo, que convocó a elecciones en las que triunfó abrumadoramente Piérola.
La República Aristocrática (1895-1919)
Nicolás de Piérola, presidente constitucional del Perú de
1895 a 1899. Años atrás, durante la Guerra de Pacífico, había sido dictador
(1879-1881).
El gobierno constitucional de Piérola (1895-1899) reorganizó
el Estado peruano y saneó las finanzas públicas, impulsando el ahorro, la
bancarización y la industria, y combatiendo la corrupción. Se incrementó el
empleo y una nueva era de prosperidad empezó para el Estado.
Es la llamada República Aristocrática (más exactamente,
oligárquica), donde miembros de la élite social gobernarían desde 1899 hasta
1919 en paz y con crecimiento económico.
Las principales fuerzas políticas eran el Partido Demócrata o pierolista y Partido Civil o civilista. Este último fue el que ejerció el predominio, a partir de 1903. Otras fuerzas políticas importantes fueron el Partido Constitucional o cacerista y el Partido Liberal de Augusto Durand.
Los
gobiernos llegaron al poder vía elecciones democráticas, a excepción del
periodo de Óscar R. Benavides (1914-1915), que fue fruto de un golpe militar.
Después de Piérola, los presidentes que se sucedieron fueron
los siguientes:
Eduardo López de Romaña (1899-1903), que continuó el desarrollo
de la agricultura, la minería y la industria; promovió la colonización de los
valles interandinos y zonas orientales; promulgó el Código de Minería, el nuevo
Código de Comercio y el Código de Aguas; y afrontó los problemas derivados de
la política de chilenización en Tacna y Arica.
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Manuel Candamo (1903-1904), acaudalado hombre de negocios y
líder del Partido Civil, que fue el segundo civilista en llegar a la
presidencia, después de Manuel Pardo en 1872. Pero falleció antes de finalizar
su mandato, sin poder realizar obra importante.
Serapio Calderón (1904), jurista cuzqueño, que asumió el
poder en su calidad de segundo vicepresidente (el primero, Lino Alarco, había
fallecido antes de jurar el cargo) y convocó a nuevos comicios.
José Pardo y Barreda, del Partido Civil, fue presidente del
Perú en dos ocasiones (1904-1908 y 1915-1919).
José Pardo y Barreda (primer gobierno, 1904-1908), hijo del
fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, que encabezaba una nueva generación
de civilistas con anhelos renovadores. Reformó la educación pública, fomentó la
cultura e inició la legislación social. Se preocupó también por defensa
nacional, repotenciando al Ejército y la Marina. En el aspecto internacional
enfrentó conflictos limítrofes con Colombia, Ecuador y Bolivia. Pero el
problema que más demandaba entonces la atención de la Cancillería peruana era
el enfrentado con Chile, país que retenía ilegalmente las provincias peruanas
de Tacna y Arica.
Augusto B. Leguía (primer gobierno, 1908-1912), civilista y ex
ministro de Hacienda, acabó por separarse del Partido Civil para formar su
propio grupo político. Enfrentó problemas limítrofes con los cinco países
vecinos, de los cuales solo logró solucionar definitivamente aquellos que
mantenía con Brasil (Tratado Velarde-Río Branco) y Bolivia (Tratado
Polo-Bustamante). Con Ecuador hubo un conato de conflicto en 1910, con Colombia
se libró el conflicto de La Pedrera (1911) y con Chile se rompieron las
relaciones diplomáticas, ante el recrudecimiento de la brutal política de
chilenización en Tacna y Arica.
En el orden interno, Leguía afrontó también mucha perturbación.
Enfrentó con valentía una intentona golpista promovida por Carlos de Piérola,
hermano de Nicolás de Piérola, y dos de los hijos de este (29 de mayo de 1909).
Guillermo Billinghurst (1912-1912), exalcalde de Lima y
expierolista, que irrumpió arrolladoramente como candidato presidencial y fue
elegido por el Congreso de la República. Se propuso favorecer a la clase
obrera, lo que le ganó la animadversión de la oligarquía. Mantuvo una pugna
tenaz con el Congreso, dominado por los civilistas y leguiístas, sus
adversarios políticos. Planeó entonces disolver el parlamento y convocar al
pueblo para realizar reformas constitucionales, lo que provocó un complot
orquestado por la oligarquía y los militares, que culminó con su derrocamiento
el 4 de febrero de 1914.
Óscar R. Benavides (1914-1915), coronel del ejército peruano,
que encabezó el golpe de Estado contra Billinghurst, asumiendo el poder,
primero a la cabeza de una Junta de Gobierno y luego como presidente provisorio
designado por el Congreso. Enfrentó el problema monetario y se comprometió a
restaurar el orden legal, convocando a elecciones.
José Pardo y Barreda (segundo gobierno, 1915-1919), triunfó
en las elecciones de 1915, retornando así el Partido Civil al poder. Este
segundo gobierno se caracterizó por la violencia política y social, síntoma del
agotamiento del civilismo y de la crisis mundial.
Los movimientos sociales se organizaron notablemente en estos
años. La lucha por la jornada de las ocho horas laborales (importante conquista
social que fue aprobado por Pardo en 1919) y las poco conocidas revueltas
campesinas en la sierra sur del país (ocasionada por los abusos de las grandes
haciendas) generaron una activa vida política.
Todo ello preparó el camino para la interrupción de la
democracia mediante un golpe de Estado que promovió el expresidente Augusto B.
Leguía, el principal candidato en las elecciones de 1919, bajo la excusa que el
gobierno tramaba desconocer su triunfo.
El Oncenio de Leguía (1919-1930)
Augusto B. Leguia, presidente del Perú en dos ocasiones
(1908-1912 y 1919-1930), este último se conoce como el "Oncenio",
debido que albergó once años de gobierno.
Consumado el golpe de Estado del 4 de julio de 1919, Augusto
B. Leguía asumió el poder como presidente transitorio. Disolvió el Congreso y
convocó a un plebiscito para aprobar una serie de reformas constitucionales.
Simultáneamente, convocó a elecciones para elegir a los representantes de una
Asamblea Nacional, que durante sus primeros 30 días se encargaría de ratificar
las reformas constitucionales, es decir, haría de Asamblea Constituyente, para
luego asumir la función de Congreso ordinario. Esta Asamblea se instaló el 24
de septiembre de 1919 y ratificó como Presidente Constitucional a Leguía, el 12
de octubre de 1919. Finalmente, dio la Constitución de 1920.
Este segundo gobierno de Leguía, autodenominado «Patria
Nueva», se prolongaría por once años, ya que, tras sendas reformas
constitucionales, se reeligió en 1924 y en 1929. Por eso se le conoce también
como el Oncenio.
Fue una época en que se restringieron las libertades
públicas. El diario opositor La Prensa, fue asaltado y confiscado. Se barrió
también con la oposición en el Congreso, que quedó sometido al Ejecutivo. Los
opositores políticos fueron perseguidos, presos, deportados y hasta fusilados.
El presidente Augusto Leguía durante las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú.
La preocupación esencial de Leguía fue la modernización del país, lo que quiso imponer a paso acelerado. Suceso notable de este período fue la celebración pomposa del Centenario de la Independencia del Perú en 1921, cuyo acto central fue la inauguración de la Plaza San Martín, en el centro de Lima.
Un gigantesco programa de obras públicas fue financiado con empréstitos obtenidos
del exterior. Se arreglaron y pavimentaron muchas avenidas, calles y plazas, y
se abrieron varias avenidas, como la Avenida Progreso (hoy Venezuela) y la
Avenida Leguía (hoy Arequipa). Se fomentó la política colonizadora, se
realizaron importantes obras de irrigación en la costa y obras viales en toda
la República, entre otras.
Medida impopular fue la Ley de Conscripción Vial (1920) que
obligaba a todos los hombres de 18 a 60 años de edad a trabajar gratuitamente
en la construcción y apertura de carreteras, por espacio de 6 a 12 días al año,
lo que en la práctica afectó mayormente a la población indígena.
En el aspecto internacional, se firmaron dos tratados
internacionales muy polémicos:
El Tratado Salomón-Lozano, con Colombia, el 24 de marzo de
1922, que fue aprobado por el Congreso en 1927. Cedía a Colombia el Trapecio
Amazónico, donde se hallaba la población peruana de Leticia.
El Tratado Rada Gamio-Figueroa Larraín, con Chile, el 3 de
junio de 1929. Puso término a la dilatada y espinosa cuestión limítrofe con el
vecino país del sur. Ambas partes renunciaron a la realización del tantas veces
postergado plebiscito de Tacna y Arica, y acordaron el siguiente arreglo: Tacna
regresaría al seno de la patria peruana, y Arica permanecería en Chile.
En el aspecto político se eclipsaron los viejos partidos y
surgieron los primeros partidos modernos que aglutinaron a los sectores medios
y populares de tendencias reformistas o revolucionarias: el Partido Aprista,
fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre y el Partido Socialista Peruano,
fundado por José Carlos Mariátegui.
José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista
Peruano en 1928.
En el aspecto económico, se incrementó notablemente la
dependencia hacia los Estados Unidos debido a los fuertes empréstitos
contraídos a los bancos norteamericanos para realizar obras públicas; la deuda
llegó a los 150 millones de dólares en 1930. Ello provocó una aparente bonanza,
que finalizó al estallar la crisis mundial de 1929 afectando directamente a la
población, siendo el factor que aceleró la caída de Leguía, sumado al
descontento por la evidente corrupción administrativa y por la firma de los
tratados con Colombia y Chile.
El 22 de agosto de 1930 el comandante Luis Miguel Sánchez
Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra Leguía. El
movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país. En las
primeras horas de la madrugada del 25 de agosto la guarnición de Lima, obligó a
renunciar a Leguía. El poder quedó en manos de una Junta Militar de Gobierno
presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Dos días después este
entregaría el poder a Sánchez Cerro, quien arribó a la capital en avión. Así
finalizó el Oncenio.
Convulsiones nacionales y el tercer militarismo (1930-1939)
El fin del Oncenio trajo consigo la irrupción de los
militares en la vida política, fenómeno que el historiador Jorge Basadre ha
denominado el Tercer Militarismo, el cual surgió a consecuencia del vacío
político (al estar los partidos tradicionales debilitados o en trance de
extinción) y ante los peligros que aparentemente, acechaban al Estado y a la
nación como consecuencia de la crisis mundial.
Tras la caída de Leguía, el comandante Luis Miguel Sánchez
Cerro, constituyó una Junta Militar de Gobierno bajo su presidencia. La
situación del país era crítica; se produjeron disturbios obreros,
universitarios y militares. Para remediar la crisis económica, Sánchez Cerro
contrató una misión de expertos financistas estadounidenses, encabezado por el
profesor Edwin W. Kemmerer, que sugirieron la aplicación de una serie de
medidas, de las que solo se acogerían parcialmente unas cuantas.
Luis Sánchez Cerro, presidente de la Junta de Gobierno de 1930-1931
y presidente constitucional de 1931 a 1933.
Sánchez Cerro prometió convocar a elecciones, postulando él
mismo como candidato a la presidencia, sin abandonar el poder, lo que provocó
el rechazo de la ciudadanía. Una nueva rebelión que estalló en Arequipa lo
obligó a dimitir el 1 de marzo de 1931. Interinamente, por unas horas, asumió
el poder el jefe de la iglesia católica peruana, monseñor Mariano Holguín, como
presidente de una junta de notables, que inmediatamente dio pase a una Junta
Transitoria presidida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Leoncio
Elías y luego por el teniente coronel Gustavo Jiménez. Sin embargo, estas
Juntas no gozaron de apoyo y la presión popular impuso al viejo líder apurimeño
David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno, con
representación de todo el país (11 de marzo de 1931).
Samanez pacificó momentáneamente al país y convocó a elecciones para Presidente y los representantes de la Asamblea Constituyente. Con tal fin dio un nuevo Estatuto Electoral y creó el Jurado Nacional de Elecciones.
Estas elecciones generales se realizaron el 11 de octubre de 1931 y
fueron las primeras elecciones modernas de la historia peruana. Se aplicó el
voto secreto y directo.
Los principales candidatos fueron Sánchez Cerro, por la Unión
Revolucionaria, y Víctor Raúl Haya de la Torre, por el Partido Aprista Peruano.
Sánchez Cerro, prestigiado por ser el caudillo que puso fin al Oncenio, triunfó
por un amplio margen. Los apristas no reconocieron el resultado y denunciaron
fraude, quedando así el país dividido y al borde de la guerra civil.
Sánchez Cerro asumió como presidente constitucional el 8 de
diciembre de 1931. Ese mismo día se instaló también el Congreso Constituyente
cuya misión primordial fue dar una nueva Constitución Política, la misma que
fue promulgada el 9 de abril de 1933.
El gobierno sanchecerrista contaba con mayoría parlamentaria,
pero los diputados apristas conformaron una combativa minoría opositora al
gobierno. Esta oposición se tornó exacerbada. Menudearon los atentados, las
revueltas y los actos terroristas. El Congreso aprobó leyes severas, entre
ellas una llamada Ley de Emergencia, que dio al gobierno poderes especiales
para reprimir a los opositores, en especial a los apristas, aunque también a
los comunistas. Los diputados apristas fueron apresados y desterrados.
En 1932, conocido como el «año de la barbarie», ocurrieron
una serie de sucesos sangrientos provocados por los apristas: un atentado
criminal contra la vida del mismo Sánchez Cerro, que se salvó fortuitamente;
una rebelión de la marinería de la escuadra del Callao, que fue sofocada
severamente, siendo fusilados ocho marineros; y la llamada revolución aprista
de Trujillo (7 de julio), que fue reprimida sangrientamente por el gobierno.
Trujillo, tras ser bombardeada por la aviación, fue tomada por el ejército, que
en represalia por la masacre de los oficiales prisioneros en el cuartel
O’Donovan, fusiló a un número no determinado de ciudadanos, que desde entonces
fueron considerados como los «mártires del aprismo»».
En el aspecto internacional, Sánchez Cerro, presionado por la opinión pública, se vio obligado a respaldar a los patriotas peruanos de Leticia, que querían que su territorio, cedido a Colombia por el Tratado Salomón-Lozano, volviera al seno del Perú. Ello que provocó un enfrentamiento bélico con dicha nación, en la que perderían la vida de 200 a 250 militares.
Precisamente, en medio de ese ambiente bélico, Sánchez Cerro fue víctima de
otro atentado, que esta vez resultó mortal. Tras pasar revista a un grupo de
movilizables en el Hipódromo de Santa Beatriz (hoy Campo de Marte, en Lima),
Sánchez Cerro se retiraba a bordo de su carro descapotable, cuando un individuo
con una pistola se le acercó corriendo y, encaramándose en el auto, le disparó
varios tiros a quemarropa, uno de los cuales le impactó en el pecho. Llevado de
urgencia al Hospital Italiano (situado en la avenida Abancay), Sánchez Cerro
falleció pocas horas después (30 de abril de 1933). Se supo después que el
magnicida, de nombre Abelardo González Leiva (que fue victimado en el acto por
la guardia presidencial), se había afiliado al partido aprista años antes, pero
no se ha determinado si actúo solo o formó parte de un complot. Ese mismo día
el Congreso, trasgrediendo la Constitución, nombró presidente de la República
al general Óscar Benavides, para que completara el período del difunto
presidente, o sea hasta 1936.
El general Óscar R. Benavides fue presidente provisorio del Perú en dos ocasiones (1914-1915 y 1933-1939).
Benavides asumió así, por segunda vez, la presidencia (la
primera había sido en 1914-1915). Su primera tarea fue buscar el fin del
conflicto con Colombia, país con el que se llegó a un acuerdo de paz en mayo de
1934, previo compromiso del Perú de respetar el Tratado Salomón-Lozano. En el
aspecto interno, Benavides dio la Ley de Amnistía General, que favoreció a los
apristas y a otros perseguidos políticos. Pero esta apertura duraría poco
tiempo y poco después se reinició la persecución contra los apristas.
Estos respondieron con atentados. El 15 de mayo de 1935
ocurrió el asesinato del director del diario El Comercio, Antonio Miró Quesada
de la Guerra, y el de su esposa, a manos de un militante aprista. La represión
recrudeció. Tanto el Partido Aprista como el Comunista fueron proscritos por
ley, por ser partidos «internacionales», de acuerdo a una controvertida
interpretación de un artículo constitucional.
Como su período debía culminar en 1936, Benavides convocó a
elecciones en las que el candidato favorito era Luis Antonio Eguiguren; pero
estas elecciones fueron anuladas por el Jurado Nacional de Elecciones, con el
argumento de que los votos de los apristas favorecían a Eguiguren, y por tanto,
eran ilegales por provenir de un partido proscrito. Consultado el Congreso,
este decidió que Benavides extendiera su mandato por tres años más, hasta 1939,
y por añadidura le cedió la facultad de legislar. Acto seguido, el Congreso se
disolvió.
Bajo el lema de «orden, paz y progreso», Benavides gobernó
apoyado por la alta finanza y las Fuerzas Armadas. Logró superar la crisis
económica, mejoró notablemente el aspecto financiero, especialmente en lo
relacionado con la banca y la captación de impuestos, aplicándose algunos
proyectos que había dejado la misión Kemmerer en 1931.
El país comenzó a entrar a un período de prosperidad debido a
las exportaciones, especialmente agrícolas y mineras. Se realizaron grandes
obras de modernización en la capital, la inauguración de las nuevas sedes de
los tres poderes del Estado (Palacio de Gobierno, Congreso y Palacio de
Justicia), así como obras de saneamiento en diversas ciudades. Se culminaron
varias obras de irrigación iniciadas por Leguía, se construyeron barrios y
comedores para los trabajadores y sus familias, se instituyó el Seguro Social
Obligatorio para Obreros, se inició la construcción del Hospital Obrero (hoy
Guillermo Almenara), entre otras obras de tipo social.
Sin embargo, en el último tramo del gobierno de Benavides se
hizo notorio el hastío de la población. El 19 de febrero de 1939, aprovechando
que Benavides se hallaba ausente de Lima, ocurrió la intentona golpista del
general Antonio Rodríguez Ramírez, quien llegó a ocupar Palacio de Gobierno,
pero finalmente sucumbió ametrallado por la guardia de asalto.
Viendo pues, que su popularidad empezaba a menguar, Benavides
decidió convocar a elecciones. Pero antes convocó a un plebiscito, que se
realizó el 18 de junio de 1939, y por el cual se aprobaron importantes reformas
constitucionales para robustecer el Poder Ejecutivo en desmedro del
Legislativo.
Las elecciones generales se realizaron el 22 de octubre de
1939. El candidato del gobierno, el banquero Manuel Prado Ugarteche (hijo del
presidente Mariano Ignacio Prado), ganó con facilidad a su contrincante, el
abogado José Quesada Larrea. Se habló de fraude electoral.
Para la próxima semana continuamos con la publicación de la historia resumida del Perú
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